Vídeo y resumen de la presentación de “Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía”

El pasado 2 de junio se presentó en un webinar el informe Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía (puedes leerlo aquí), elaborado por Carolina Jiménez, Cristina María Zamora y Violeta Doval, compañeras de WILPF España, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Este informe indaga sobre la situación de las jornaleras migrantes en la recogida de frutos rojos en Andalucía.

Aquí podéis ver el vídeo completo de la presentación y a continuación encontraréis un resumen del acto

Nuestra compañera Ana Barrero Tíscar abrió la la presentación de nuestro informe Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía (que puedes leer aquí), que estudia la situación de las mujeres temporeras migrantes contratadas en origen, subrayando la importancia de las personas migrantes en trabajos esenciales durante la pandemia. Ana recordó que en estos trabajos hay explotación, que sufre principalmente la población migrante y en especial las mujeres, que trabajan más la tierra con menos derechos que sus colegas hombres.

Violeta Doval Hernández, una de las autoras del informe, explicó que en la investigación tuvo un enfoque participativo, recoge la visión de las mujeres temporeras afectadas, y se basó en un enfoque feminista y de Derechos Humanos. Violeta contó que para la elaboración del informe se ha entrevistado a organizaciones sociales en España y Marruecos que defienden los Derechos Humanos de las temporeras, además de empresarios, administración y temporeras. Según las diferentes estadísticas oficiales consultadas, solo el 20% de las mujeres marroquíes es población activa y más del 60% trabaja en muy precario. Se eligen perfiles muy precarios para la recogida de la fresa. En el 66% de los hogares de las temporeras no tiene nadie un empleo fijo. Denuncia Doval que las temporeras trabajan para un sector altamente lucrativo que se apoya en su mano de obra. Las migraciones circulares, promovidas por la UE, aseguran la mano de obra sin tener que garantizar derechos. Violeta nos presentó los criterios de selección de las temporeras, entre los que está ser mujer, tener entre 25 y 45 años, ser madre de menores, no ser soltera y residir en una zona rural. “Así se garantizan una mano de obra explotable y dócil”, señala Violeta, que recuerda que las temporeras no disponen de una copia de su contrato. Las temporeras entrevistadas para este informe cuentan que no les entregan el contrato, que ni siquiera se lo traducen a su lengua y que no les explican las condiciones de su trabajo. Las autoridades se excusan en que el contrato no está traducido porque la mayoría son analfabetas. Violeta cuenta que el proceso de selección incumple una orden ministerial que obliga a que estos procesos sean transparentes. Por último, cuenta Violeta que durante el confinamiento las mujeres temporeras no pudieron volver a Marruecos y se quedaron sin trabajo en España.

Cristina Zamora Gómez, otra de las autoras del informe, abunda en las irregularidades del proceso de contratación porque, afirma, en origen el contrato es de una modalidad (temporal) y en España la modalidad es otra (por obra y servicio). Además denuncia que cuando el clima complica la recogida de la fresa las temporeras no cobran. El periodo de prueba puede durar hasta un mes, “lo que es abusivo”, afirma Cristina. Y subrayó que según Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, ni siquiera las autoridades saben cuál es el salario mínimo de las temporeras. El acceso a la salud es muy limitado, denuncia Cristina, contando casos de mujeres a las que sus jefes no les dejaban acceder a un servicio médico. Además, aunque por ley el alojamiento y los suministros deben correr a cargo de la empresa, a las temporeras se les cobra la luz y el agua y viven en alojamientos muy precarios dentro de las propias fincas. “Debido a este aislamiento, cuando se producen abusos es mucho más complicado denunciar”. Cristina lamenta que “no se ha desarrollado el escenario propicio para una convivencia” entre las temporeras y los habitantes de los pueblos en los que se encuentran las fincas. En los casos de violencia sexual, no se ha gantizado el acceso a la justicia, “ha habido un trato misógino” ante las denuncias, y algunas ya han prescrito.

Carolina Jiménez Sánchez, coordinadora del informe, señala que hay una situación alarmante con respecto a la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes, que tienen que ver con la falta de perspectiva de género en todo el proceso. Y eso es solo la punta del iceberg, recuerda, porque el informe solo habla de los casos de mujeres temporeras contratadas en origen y la situación es mucho peor en el caso de mujeres sin papeles, que viven en campamentos infrahumanos y totalmente desprovistas de derechos. Aun así, recuerda, “las mujeres contratadas en origen ven muchos de sus derechos violados. El Estado español es responsable”, porque según la CEDAW, tiene que fomentar una perspectiva de género en todos los procesos, en especial la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Y esto no se está cumpliendo, denuncia Carolina.

Propuestas y conclusiones

Carolina resume las propuestas del informe, que pasan por “la eliminación de ese perfil de contratación, porque es discriminatorio, porque se busca trabajadoras con mayor vulnerabilidad y no se las empodera ni se explica el contrato”. Es más, las autoridades deberían tener un papel decisivo en su integración y la formación de los trabajadores del campo sensible al género. Esto debería ser una reivindicación de los sindicatos, afirma Carolina, que denuncia una dejación de funciones de la Administración.

Cuenta Jiménez que el reciente conflicto diplomático con Marruecos ha hecho que Rabat paralice el regreso de las 12.000 temporeras que están en España. Las empresas han señalado que garantizarán sus derechos, pero no se sabe cuánto durará esta parálisis. Además, este conflicto ha hecho que las autoridades españolas den un paso en la dirección contraria a la que recomiendan las autoras del informe (reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres temporeras, empoderamiento y capacitación e inclusión): se ha firmado, por este conflicto, un acuerdo con Honduras para la contratación en origen para la recogida de la fresa. “La estrategia es la misma: buscar mano de obra barata y fragilizada”, denuncia Carolina.

En el turno de preguntas, Perico Echevarria, de la revista La Mar de Onuba, denuncia que la inmensa mayoría de los contratos están en fraude de ley. Violeta Doval, por su parte, cuenta que las organizaciones de la sociedad civil no pueden entrar en las fincas, porque las empresas están cerradas. Los ingresos van de 500 a 1.500 euros y el impacto económico al final es muy pequeño.

Cristina Zamora cuenta que las inspecciones en el campo no se dan o están viciadas por lo que han podido saber para elaborar el informe. Las negociaciones para un nuevo convenio no están avanzando en garantías de derechos. Frente a las intervenciones que afirman que si sería mejor no consumir fresa, Cristina señlala que “las jornaleras no quieren que se deje de consumir la fresa, pero es importante estar informadas y reclamar derechos”.

Laura Limón, de Mujeres 24H, cuenta que solo hay 8 inspectores de trabajo en Huelva, los expedientes se acumulan durante años. Ha habido avances y más interés internacional, pero siguen sin reforzarse servicios públicos para gantizar `los derechos de las temporeras, denuncia.

Carolina Jiménez, por su parte, concluye que el informe pretende hacer incidencia política para que se respeten y defiendan los derechos de las temporeras. La sociedad española no puede ignorar el problema y debe denunciar y hacer presión”.