Reclamamos al Gobierno y al Congreso de los Diputados destinar los más de 13 mil millones de euros previstos para armamento a inversión eco-social
El Gobierno tiene previsto poner en marcha nuevos programas especiales de armamentos por 13.356 millones de euros desde este año hasta el 2032. Por eso, WILPF España, como parte de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz), junto con 58 organizaciones de la sociedad civil, han remitido al Gobierno y a los diputados una petición para reorientar el “enorme gasto militar a inversión eco-social y con perspectiva de género, en especial en favor de las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”. En redes sociales, la petición se ha difundido con el hashtag #ArmasOSalud.
En esta carta, manifestamos que: “observamos con preocupación este enorme e irracional gasto en armamentos, en un momento en que una profunda crisis económica y social azota al mundo y a nuestro país. Precisamente ahora, cuando la pandemia ha puesto en evidencia las carencias de nuestra sanidad pública y nuestro sistema educativo, víctimas, junto a otros muchos servicios públicos que sostienen el Estado de bienestar en España, de los recortes a que fueron sometidos tras la crisis de 2008”. Defendemos que, en plena pandemia, se necesita “movilizar cuantiosos recursos públicos para abordar los cambios y trasformaciones profundas que nuestro país necesita para que la población pueda cubrir sus necesidades básicas, superar la pérdida de empleo y reactivar la economía productiva garantizando derechos laborales”.
Entre los gastos previstos en armamento, destacan más de 4.000 millones de euros en cinco fragatas F-110 o 2.100 millones de euros en 248 blindados 8×8 Dragón. Por eso, “consideramos totalmente inapropiado el ingente gasto militar existente hoy en España, que ronda ya los 20.000 millones de euros anuales (10.199 millones de euros directos para el Ministerio de Defensa y otros 9.800 restantes repartidos en diversos ministerios), así como el plan para financiar los nuevos programas de armamento ya mencionados”. En la carta, defendemos que “la seguridad que más necesita la ciudadanía es la que proporcionan las políticas públicas en sanidad, educación, protección del empleo, acceso al estatus de ciudadanía plena, prevención de violencia de género, justicia con perspectiva feminista, acceso a la vivienda y demás servicios sociales y protección y promoción de la biodiversidad” e invitamos a hacer de la gestión de la pandemia “una oportunidad para poner en el centro las políticas de seguridad desde la perspectiva de las necesidades de la población, partiendo del reconocimiento de la vulnerabilidad humana, de la interdependencia entre seres humanos y con el planeta, y de la puesta en valor de los cuidados”.
