WILPF España reclama políticas sociales urgentes para frenar la segunda ola de la pandemia en Madrid

WILPF España insta al Gobierno de la Comunidad a tomar medidas en base a criterios estrictamente científicos y reclama políticas urgentes de justicia social contra la desigualdad

En el Día Internacional de la Paz es oportuno recordar que la paz es mucho más que la ausencia de guerra: es la ausencia de todas las violencias y se construye garantizando la justicia social. La desigualdad social es violencia, es negación de derechos y supone el mayor vector de crecimiento de la pandemia.

La sección española de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad (WILPF, por sus siglas en inglés) subraya que los confinamientos selectivos adoptados por la Comunidad de Madrid agravarán la desigualdad social y ahondarán en la estigmatización de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, desviando la atención del ya imperativo fortalecimiento de las políticas sociales.

El gobierno autonómico madrileño aboca a más de 800.000 personas a padecer medidas desiguales de confinamiento sin haber impulsado un plan de urgencia para fortalecer los servicios públicos y las políticas de protección social, y sin atender las demandas de los colectivos vecinales. Con su decisión, el ejecutivo madrileño incurre en sesgos raciales y de clase social que pueden favorecer la criminalización de la pobreza y de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. El incremento de la desigualdad social en la Comunidad de Madrid conecta íntimamente con la naturalización de la agenda neoliberal y el desmantelamiento sostenido de los servicios públicos.

Por todo ello, WILPF España denuncia que:

  1. La segregación social no es eficaz ante una crisis sanitaria y sienta un peligroso precedente, pues vulnera los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
  2. Implantar medidas de confinamiento selectivo que no estén basadas en criterios estrictamente científicos será ineficaz, más aún si no se acompañan de un plan urgente para reforzar el sistema de salud público, ya diezmado por las políticas privatizadoras de las últimas décadas.
  3. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está incumpliendo el compromiso de destinar a estos fines los 1.500 millones de euros que su Gobierno ha recibido para hacer frente a la pandemia.
  4. Es preciso evitar políticas con sustrato clasista y/o racista que no garanticen la igualdad de trato y que normalicen que las vidas puedan ser consideradas en términos de su productividad o su capacidad de consumo, legitimando su desprotección en base a su bajo nivel de ingresos.
  5. Señalar como “focos de infección y propagación” a determinados colectivos supone un grave precedente de incitación a la exclusión y al odio, propiciando la deshumanización de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
  6. El Gobierno madrileño, con el apoyo del Ministerio de Interior, ha decidido aplicar medidas de corte policial y represivo en las zonas más desatendidas de la Comunidad en lugar de optar por actuaciones para proteger la vida, como serían el refuerzo de la sanidad y el transporte público, el fortalecimiento de los servicios sociales, o la puesta en marcha de medidas de apoyo específicas a mujeres y la infancia así como a las redes vecinales y comunitarias que han protegido las vidas madrileñas en los peores momentos de la pandemia.
  7. La decisión de clausurar parques y jardines, espacios abiertos, públicos y gratuitos parece contraria a las evidencias científicas, cuando además tan sólo se limita el aforo en los espacios cerrados,como en las casas de apuestas. 
  8. El reciente anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre una bajada de impuestos en la región, sin atender a criterios de progresividad ni justicia social, es absolutamente contraproducente, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo ejecutivo ha manifestado que no cuenta con recursos para hacer frente a la pandemia. 
  9. Las medidas anunciadas se han formulado sin dialogar con los colectivos vecinales de los barrios y municipios afectados, vulnerandosus derechosde participación plena.

Por todo ello, la sección española de WILPF, como organización decana del feminismo pacifista y con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, plenamente conscientes de las semillas de violencia que engendra la injusticia social, insta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que promueva acciones urgentes que tengan en cuenta las necesidades específicas de las zonas más densamente pobladas y con menor renta per cápita y hace un llamamiento para que las medidas adoptadas sean reconsideradas estrictamente en base a criterios científicos. De acuerdo al mandato de la Agenda 2030, adoptada por Naciones Unidas y suscrita por el Gobierno español: que en el siglo XXI “ninguna persona se deje atrás”.

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