La comunidad internacional debe garantizar el flujo inmediato de ayuda y suministros a Afganistán

Junto con activistas afganas de derechos humanos, las organizaciones humanitarias y los activistas de la sociedad civil de todo el mundo, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, por sus siglas en inglés) hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que garantice que la ayuda financiera y los suministros puedan llegar a la población afgana. Esto debe hacerse sin comprometer los derechos de las mujeres ni ceder el control de estos recursos.

Desde la rápida toma del país por los talibanes a principios de agosto, la ayuda extranjera a Afganistán ha cesado de llegar casi por completo. Sin embargo, la financiación de la comunidad internacional -incluidos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los Gobiernos extranjeros y las agencias humanitarias- representaban casi el 75% del presupuesto de gasto público de Afganistán antes de la llegada de los talibanes al poder, y la repentina retirada de estos fondos ha dejado al país al borde del colapso.

El sistema sanitario se ha visto especialmente afectado, pues hay 600 millones de dólares de ayuda sanitaria internacional ahora congelados. Desde hace dos meses, los médicos y otros trabajadores de la salud -incluidas 14.000 mujeres- no cobran sus salarios. Al no poder acceder a las necesidades básicas, como alimentos y medicinas, no pueden seguir atendiendo a los pacientes y los centros de salud están cerrando.

La Organización Mundial de la Salud señaló recientemente en un comunicado que el país está experimentando un aumento de los casos de sarampión, mientras que los progresos realizados en los últimos 20 años para reducir significativamente las tasas de mortalidad materna e infantil y de poliomielitis corren el riesgo de desaparecer en cuestión de semanas.

Mientras tanto, a las 120.000 maestras del país no sólo se les ha cortado el sueldo, sino que los talibanes les han prohibido dar clase. Las mujeres que trabajan en las zonas rurales -que ya son uno de los grupos más marginados de Afganistán- tampoco pueden trabajar ni cobrar.

En todos los casos, la vida, la salud y el bienestar de estas mujeres y sus familias corren un riesgo extremo y la comunidad internacional debe actuar ya para proteger sus derechos humanos.

Ayuda detenida para evitar que los talibanes accedan a los fondos

Después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán a mediados de agosto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional suspendieron inmediatamente sus desembolsos al país, mientras que Estados Unidos congeló más de 9.000 millones de dólares en cuentas del banco central afgano.

Otras instituciones y organizaciones de ayuda internacional y Gobiernos extranjeros han interrumpido igualmente el flujo de fondos hacia el país, lo que ha provocado una escasez masiva y creciente de alimentos, medicinas, dinero y otros suministros críticos.

La comunidad internacional tenía una justificación válida para la congelación de activos: no hacerlo significaría un reconocimiento de facto de los talibanes al dar al grupo el control de los recursos económicos sin condiciones. En consecuencia, se perdería cualquier posibilidad de presionar a los talibanes para que respeten los derechos humanos, y los derechos de las mujeres en particular. Los talibanes siguen figurando en la lista de grupos terroristas mundiales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y numerosos países han impuesto amplias sanciones a los militantes.

Pero las organizaciones de ayuda y los activistas exigimos que la comunidad internacional reconozca la gravedad de la crisis humanitaria que se está produciendo en Afganistán y tome medidas inmediatas.

“La cuestión es cómo garantizar la financiación directa de los salarios de los trabajadores del sector público -que no se considera “ayuda humanitaria”- sin permitir que los fondos lleguen a manos de los talibanes”, afirma Madeleine Rees, Secretaria General de WILPF.

Madeleine Rees, secretaria general de WILPF, sugiere que el mecanismo más sencillo sería crear un fondo fiduciario con objetivos específicamente formulados para que la ONU, u otro organismo que supervise el proceso, pueda realizar los pagos directamente a los beneficiarios del fondo.

Rees sugiere que el mecanismo más sencillo sería crear un fondo fiduciario con objetivos específicamente formulados para que la ONU, u otro organismo que supervise el proceso, pueda realizar los pagos directamente a los beneficiarios del fondo. “Esto se sumaría a la ayuda humanitaria, que seguiría entregándose a través de agencias especializadas y ONG”, afirma. “Tengo entendido que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial están discutiendo cómo hacerlo”. WILPF también ha exigido la creación de un fideicomiso de este tipo, junto con Jan Egeland, director del Consejo Noruego para los Refugiados”. Rees añade que le preocupa que el PNUD y el Banco Mundial, que no tienen un historial de promulgación de programas y políticas basados en el análisis de género y los derechos de las mujeres, no se centren en garantizar los derechos de las mujeres a la hora de establecer el fideicomiso.

“Parece que la política de ayuda se hace sin consultar a las mujeres, ni dentro ni fuera de Afganistán”, afirma. “Sin la participación de las mujeres, la ONU y otros actores estarán esencialmente institucionalizando las desigualdades creadas por los talibanes, haciendo aún más difícil que las mujeres ejerzan sus derechos humanos básicos”.

“Aunque entendemos la preocupación de la comunidad internacional por permitir que la financiación llegue a manos de los talibanes, lo que hay que priorizar ahora mismo es la seguridad y el bienestar del pueblo afgano. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para garantizar que la ayuda pueda llegar al país”.

Jamila Afghani, presidenta de WILPF Afganistán

La presidenta de WILPF Afganistán, Jamila Afghani, afirma que puede ser necesario algún tipo de compromiso con los talibanes para permitir el flujo de ayuda a los afganos, pero que las sanciones contra el grupo deben mantenerse hasta que éste se atenga a las normas internacionales en materia de derechos humanos, y concretamente a los derechos de las mujeres. “Aunque entendemos la preocupación de la comunidad internacional por permitir que la financiación llegue a manos de los talibanes, lo que hay que priorizar ahora mismo es la seguridad y el bienestar del pueblo afgano”, afirma. “La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para garantizar que la ayuda pueda llegar al país”.

Estados Unidos ha anunciado recientemente que ha autorizado a varios grupos gubernamentales y no gubernamentales a colaborar con los talibanes para proporcionar ayuda humanitaria, y ha emitido una licencia que permite la exportación de alimentos y medicinas a Afganistán. Sin embargo, las organizaciones humanitarias y las activistas afganas alertan de que la ayuda no llega con la suficiente rapidez ni de las suficientes fuentes. “Los afganos se enfrentan a una catástrofe, especialmente cuando el país se adentra en el invierno”, afirma Afghani. “El mundo no debe dar la espalda”.

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Texto publicado originalmente en la web de WILPF Internacional.